Los jóvenes
socialistas aseguran que las reformas que propone el ministro Gallardón y el PP
son otro recorte más, esta vez a los derechos de ciudadanía y a las garantías
constitucionales.
Juventudes Socialistas de la Región de Murcia ha alertado hoy sobre la
reforma del Código Penal en particular, y sobre el conjunto de reformas que
plantea el ministro Gallardón en general, ya que, a su juicio suponen “una
involución en derechos”.
La Secretaria General de JSRM, Inma Sánchez Roca, ha afirmado que “el
Partido Popular da un paso más en sus recortes, esta vez a los derechos de
ciudadanía: las reformas que plantean el PP y el ministro Gallardón sitúan a
España al borde del abismo en lo que se refiere a garantías de las que goza la
ciudadanía en todo Estado de Derecho.”
Sánchez Roca ha asegurado que “por una parte, la reforma del Código
Penal que plantea el PP no cumple unas mínimas garantías constitucionales,
supone un ataque directo a la seguridad jurídica, está llena de términos de
apreciación subjetiva y eso lleva aparejada una absoluta arbitrariedad, sin
contar con que priva a la ciudadanía de la tutela judicial efectiva, uno de los
derechos fundamentales más básicos. Todo ello hace – ha asegurado – que nos
encontremos ante una reforma incompatible con nuestra Constitución”.
“Por otra parte – ha continuado – el ministro Gallardón ya había
anunciado la reforma de la regulación de la interrupción del embarazo, y supone
retrotraer a nuestro país a los años 80 y tener una de las regulaciones más
restrictivas de la Unión Europea”.
Sánchez Roca ha señalado igualmente que “la reforma de las tasas
judiciales que propone el PP es la aplicación de los mismos criterios de los recortes
sociales a la justicia: se pretende dejar fuera de las instancias judiciales a
quien no tenga suficientes recursos para pleitear lo que, en definitiva, es una
justicia de dos velocidades: la de quien tenga dinero y la de quien no lo
tenga”.
Para la Secretaria General de JSRM, “Gallardón y el PP ocultan los
verdaderos problemas de la justicia en este país con un Código Penal de otro
tiempo, en lugar de ocuparse de deshacer el atasco judicial y avanzar en el
estatuto de la víctima”.
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